En su Artículo 50, Numeral 1, nuestra Constitución prohíbe la concentración de toda actividad comercial y empresarial por parte de particulares, y sólo al Estado le está permitida. Eso significa, que ninguna persona, institución o grupo, puede monopolizar actividades productivas en el país.

Por eso, recientemente, empresarios recurrieron al Tribunal Superior Administrativo, para que se expresara contrario a la práctica de pseudos sindicalistas, quienes violando la Constitución y las leyes, se han adueñado del transporte de cargas y pasajeros, con la complicidad de autoridades.

Es preocupante, que la Ley de Leyes y las que de ella emanan tengan valor y sentido, dependiendo de conveniencias grupales o personales. Las que se pueden adaptar a caprichos e intereses de los que han amasado poder político y económico.

Cuando un Estado se somete al afán de esos grupos organizados, el ordenamiento que da fuerza y sostén a esa sociedad fácilmente se viene abajo, pues sería como carcomer la columna que soporta a la Nación. Quizás a eso se refería Ferdinand Lassalle, cuando habló del “Pedazo de papel”, refiriéndose a las Constituciones.

De su fragilidad, cuando pueden ser cambiadas para servir a particulares, y abogaba por las que estuvieran dotadas de mecanismos rígidos, para que el hombre se someta a ellas, en lugar de ellas a sus voluntades macabras.

Trujillo no tuvo Constitución, porque él era el todo, del todo, pero lo deplorable es, que desaparecido el tirano, los “demócratas”, han seguido haciendo de sus ambiciones el juego constitucional, que les permite modificarla y adaptarla a sus circunstancias.

Hace poco, esta fue ultrajada para hacerle el traje a la medida del presidente Medina, y ya, resurgen voces, asegurando “el mandatario no tiene obstáculos” para volver a ofenderla, y agenciarse una nueva repostulación, y yo, diría, “nunca los ha tenido, porque gracias a eso hoy es el presidente”.

Siguiendo el mal ejemplo de la clase política, transportistas han creado un monopolio en torno al transporte, donde ciudadanos han perdido la vida, cuando considerándose con iguales derechos constitucionales decidieron incursionar en ese medio productivo, siendo atacados por los “dueños del Estado”.

Creo llegada la hora ya, de que la autoridad ponga fin a las violaciones a la Constitución, para que las reglas de juego queden claras, y nadie se arrogue el derecho de imponer sus propias normas, como si viviéramos en la selva.

Otro ejemplo que dejó al desnudo esa debilidad constitucional, fue el sistema de Inmigración, cuando el Tribunal Constitucional debió desempolvar una Sentencia de 1929, que establecía los parámetros de la dominicanidad, porque nadie la puso en vigencia y permaneció como pieza de museo sin relevancia.

Fue necesario el escarnio internacional, para hacerle saber al mundo que esta existía desde hacía casi un siglo, y que sólo era dejadez de la autoridad para aplicarla. Por esa misma indiferencia constitucional, muchos se han apoderado de lo que no les corresponde, incluyendo un servicio, que como el transporte de cargas y pasajeros, no debe estar en manos de anarquistas, disfrazados de sindicalistas.

Me acojo a lo dicho por Jacobo Majluta, “el país no demanda de nuevas leyes, si no, aplicar las que tenemos”. Como de nada sirve tampoco, que la Constitución prohíba el monopolio empresarial, y la autoridad se lo permita al tigueraje.

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