El gobierno de Juan Manuel Santos, está obligando a Colombia a pagar un alto precio para poner fin a las acciones criminales de Las FARC, con su proceso de paz, que sin dudas, exonera de toda culpa a este grupo narco-terrorista de sus andanzas.

 

Donde las familias ofendidas, tendrán que conformarse con el calvario vivido por la crueldad de las acciones de ese grupo ha que fueron sometidos. Queremos a Colombia en paz, sobre todo hoy, cuando las circunstancias cambiaron, demostrando que la lucha armada no es la vía para las reivindicaciones de los pueblos, ni su estado de derecho.

 

Por el contrario, esa lucha, sólo ha traído consigo, odio, dolor, rencor, miseria, robo a los bienes de campesinos, y la movilización involuntaria de esos pobladores hacia otras latitudes, abandonando propiedades y pertenencias para preservar la vida.

 

Pero preocupa, que el gobierno haya claudicado ante un grupo que ya venía de capa caída, y con una carga de sangre encima, de la que debería rendirle cuenta a la sociedad colombiana, por todas sus barbaries cometidas a lo largo de su existencia.

 

En los cuales, cometieron todo tipo de tropelías, abusos, crímenes de lesa humanidad, tales como el secuestro y torturas a ciudadanos, robo de propiedades a los campesinos, y protección a los Carteles de drogas.

 

Igual que los capos de los Carteles, puso de rodilla a la sociedad, provocándole casi un siglo de atraso, en término económico y social, donde Colombia llegó a convertirse en el símbolo de la delincuencia, la impiedad y criminalidad en todo el mundo.

 

El Estado debe revisarse, pues sigue mostrando debilidad institucional, cuando cedió el terreno para que estos criminales se robaran la paz de Colombia, y ahora, cediéndoles en sus exigencias, sin recibir ninguna sanción por tantos ademanes.

 

El gobierno parece más interesado en sacar a Las FARC de la clandestinidad, que a hacer justicia por sus barbaries. Los muertos, torturados y desaparecidos, no pueden ser recompensados con la propaganda de una paz fundamentada en la impunidad.

 

Estamos de acuerdo se negocie con ellos, pero sobre la base de que el Estado les pida cuentas por esos hombres y mujeres que cayeron en esa lucha sin sentido, de un grupo que en abierto desafío a la ley y la autoridad, cometió los crímenes más aborrecibles.

 

El gobierno envía un mensaje equivocado, porque otros grupos surgirán, tomarán las montañas, para subvertir el orden legalmente constituido, y luego, al estilo los “cristianos”, hablan de “arrepentimiento”, toman una Biblia y problema resuelto.

 

La República Dominicana hizo lo mismo con los Trujillo, les aplicó la política de borrón y cuentas nuevas, tanto por sus crímenes, como por el robo de los bienes del Estado durante 31 años, y por eso el país no ha podido salir de la corrupción y la impunidad.

 

Colombia comete el mismo error con Las FARC, un grupo, que más que Revolucionario, es narco-terrorista, que se impuso en base al terror, por lo que, los colombianos deben rechazar que el gobierno los exoneres de tantos crímenes.

 

Ya están reclamando cuotas congresual, tal vez, como recompensa a su labor criminal. Colombia debe exigir condena para estos, en nombre de esos muertos, los secuestrados, torturados, desplazados, reclamar la paz, pero sin impunidad.

 

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