arcas públicas que sirven de sustento al rampante clientelismo e inversionismo que desangran a nuestro pueblo más que las balas del crimen organizado. Si queremos realmente poner fin a los crímenes nuestros de cada día, habrá que extirpar la desigualdad social y la corrupción política, eliminar a los traficantes de sustancias controladas así como a los traficantes de la politiquería inconsecuente.

Según una publicación de la ONU, Puerto Rico posee una de las tasas de desigualdad más altas del planeta. De 147 países incluidos en la muestra, Puerto Rico ocupa el lugar 133. El 20 por ciento más rico se apropia de casi el 60 por ciento de la riqueza nacional. Entretanto, el 20 por ciento más pobre se las tiene que ver con el 1.9 por cierto de la riqueza generada. Como resultado, el 45 por ciento de nuestra población se encuentra bajo los estándares federales de pobreza. Hasta Afganistán aparece con mayor equidad distributiva que la eufemísticamente llamada “Isla del Encanto”.

Desde Madrid a Nueva York, Moscú a San Juan se va instaurando así un estado de dominación de hecho, bajo el cual se le pretende cerrar todo tipo de resistencia al pueblo. El Derecho, en su acepción neoliberal, pasa tan sólo a legitimar las acciones del capital y la de sus cuadros promotores, a quienes ampara en su impunidad a pesar del grave daño criminal que en la práctica le causan al bienestar común. A los excluidos que manifiesten su inconformidad con este estado de cosas, desde los indignados hasta los inmigrantes, los miserables hasta los precarizados, les espera la cárcel o los centros de detención.

En este contexto, no es de extrañarse que Puerto Rico sea el quinto país del mundo con mayor población penal per capita o que Estados Unidos, con quien Puerto Rico se vanagloria en estar asociado, es el número uno al respecto, con más personas encarceladas que el total combinado de 36 países europeos. No debe extrañarnos, pues, que quien se autodenomina liberal, como el mandatario estadounidense, Barack Obama, se haya negado a clausurar el campo de concentración de Guantánamo; haya firmado legislación en enero pasado que posibilita la detención indefinida, sin juicio, en territorio estadounidense de ciudadanos estadounidenses por el ejército de su país; o admita públicamente que mantiene un “kill-list”, es decir, ...