El gobierno colonial de Puerto Rico aprobó el nuevo Código Penal. En el artículo 297 del nuevo Código, se prohíbe cualquier expresión de protesta que “perturbe”, “interrumpa” o “impida” la operación de la Asamblea Legislativa colonial.

El artículo, el 247, tipifica como delito toda protesta que obstruya el acceso a o afecte las labores regulares en instituciones de enseñanza, centros de salud o edificios gubernamentales.

El artículo 200 define como delito la protesta contra “obras de construcción o movimientos de terreno”, que hayan recibido las autorizaciones pertinentes del gobierno.

El Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, y miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”, entiende con esto, los legisladores declaran como enemigo al ciudadano puertorriqueño. A continuación las exposición del catedrático:

Las medidas van dirigidas específicamente a proscribir las actividades contestatarias de los trabajadores, los estudiantes, las comunidades, los movimientos sociales y políticos contra las decisiones y actuaciones corruptas y arbitrarias del gobierno colonial y los grandes intereses económicos que operan en la Isla.

Ello sintoniza con la reorientación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, bajo cuya mayoría actual se han invisibilizado los derechos constitucionales y adquiridos de los trabajadores; se han proscrito los reclamos ambientales de las comunidades; y hasta se ha proscrito una Facultad de Derecho alternativa, la Eugenio María de Hostos, con sede en Mayagüez. El Estado de Derecho se ha hecho relativo a la eficacia de las decisiones políticas del partido que hoy administra la colonia, de corte abiertamente anexionista y neoliberal.

De espaldas a su condición de “sujeto de derechos”, al puertorriqueño se le ha declarado “enemigo” real o potencial del orden establecido. Del Estado de derecho se ha pasado al Estado de seguridad. Es la mayor admisión de que en el fondo la sociedad nuestra constituye hoy un orden social de batalla cuya potencialidad máxima está aún por aflorar. En ese contexto hay que ubicar incluso el compromiso reciente manifestado por Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad de la Patria, de Estados Unidos, de brindarle todo el apoyo de su agencia a la “Estrategia Operacional de Ley y Orden” para la Isla que le fuera presentado por el gobernador colonial Luis Fortuño.

El derecho penal ...