Por: Margarita Canahuate

Santo Domingo, RD (Febrero 18, 2013) El doctor Marino Vinicio “Vincho” Castillo tocó varios temas en su programa semanal, iniciando con el juicio en el 1985 de un ex financista en los Estados Unidos, una experto en la especulación en bolsa de valores. Un jurado lo encontró culpable y la reflexión del juez no se limitó estrictamente a la tabla de sentencia, y condenándolo a 30 años, tomó en cuenta algunas virtudes del ex banquero, dejando mensaje para el futuro para el mercado financiero, advirtiendo que era una muestra de un sistema financiero que eventualmente perjudicaría al país.
Con el estallido de la crisis financiera del 2008, las advertencias del juez Hoeveler fueron la premonición de lo que el predijo sobrevendría. En la actualidad, todavía hay más de 70 fiscales trabajando en Wall Street elaborando experticios de expedientes varios y múltiples.

El doctor Vincho Castillo ha dicho en repetidas ocasiones estar en desacuerdo con la posición de los jueces dominicanos, que se desempeñan contrario al juez Hoeveler, y fungen como terceros imparciales, en un papel inerte que la nueva normativa procesal penal les impone, y que el veterano abogado los tilda de testigos de piedra. Quejándose Castillo de ese comportamiento, e indicando que los jueces no son extraterrestres, son parte de la sociedad y tienen padres, hijos, hermanos, y están a la merced de la gran tragedia del bestial crimen organizado.

Que no crucifiquen las urdimbres laberínticas de defensas y acusaciones de abogados, que dejen que sus conciencias, y sus experiencias tomen control en sus análisis a la hora de tomar decisiones, exclamó Vincho.

En España la gran crisis financiera ha generado alrededor de 5 millones de desempleados. Los bancos que han sido salvados por la Unión Europea, siguen ejecutando desahucios producto de hipotecas de alto riesgo. Sin embargo, el gran problema es que la garantía inmobiliaria ejecutada no agota el préstamo.

Hace unos meses, una señora en proceso de ser desalojada de su vivienda, cortésmente invita a pasar a la sala a los oficiales públicos. Se acercó al balcón y se arrojó al vacío. Dejando a todos pasmados de la impresión y a España produjo espanto. Luego Mallorca se produjo otro hecho similar. Una pareja de esposos desempleados se suicidó cuando los oficiales públicos se presentaron a su residencia a ejecutar el desahucio.

Los jueces, conmovidos por el hecho, no volvieron a autorizar desalojos y ordenaron al Gobierno, a los políticos y a la parte privada, que encontraran soluciones. Fue una muestra del accionar de los jueces ante una parte del dolor de su sociedad.

El Partido Popular (en el poder) fue un tanto reticente, alegando acerca de la garantía de los derechos y la seguridad jurídica.

El doctor Vincho Castillo realizó este preámbulo para referirse al caso del senador del Partido de Gobierno, por San Juan de la Maguana, Félix Ramón Bautista. Recordó que este caso se hizo muy sonado durante la campaña electoral presidencial.

Involucraba peligrosamente al presidente del vecino Haití, Michel Joseph Martelly, y a un senador de la República Dominicana en supuestos actos de corrupción.

Castillo dijo que al través de La Respuesta de este Domingo Febrero 18, reprodujeron conversaciones de gente de República Dominicana y de Haití. El el coronel (R) Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), asistente de Hipólito Mejía, y el ciudadano haitiano Pierre Kanzki, sobre una trama para derrocar el gobierno constitucional de Martelly.

En esa trama grabada y que fue publicada y reproducida en los medios dominicanos, Pepe Goico, instruye al ciudadano del vecino país, Pierre Kanzki, a iniciar una campaña de descrédito contra la figura del presidente haitiano. Esa campaña tiene como base una acusación falsa y sin fundamento contra la integridad y la honorabilidad del presidente Michel Martelly.

De acuerdo con las indicaciones del coronel retirado Pepe Goico al señor Pierre Kanzki, este debe ponerse en contacto con otros sectores de la vida nacional haitiana para ejecutar el plan, que tiene como objetivo lograr el derrocamiento del gobierno haitiano.

Un grupo de facinerosos que entendían tenían el poder sobreasegurado, y provocaron escándalos con informaciones falsas, dijo Castillo.

FELIX BAUTISTA
La decisión de la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Esther Agelán Casasnovas, de ratificar el archivo definitivo de la investigación del alegado soborno que dicen realizó el senador del gobierno dominicano, al presidente de Haití, Michel Martelly, para presuntamente obtener obras a realizarse en la otra parte de la isla, a favor de empresas constructoras propiedad del legislador.

Actuando como jueza de la Instrucción Especial de Jurisdicción Privilegiada, la jueza Casasnovas conoció la objeción al dictamen definitivo, hecha por la ex fiscal Josefina Juan viuda Pichardo, los generales retirados Juan Tomás Taveras Rodríguez, Rafael Pércival Peña, así como Melvin Rafael Vásquez Then, Remberto Pichardo Juan, Hermes Guerrero Báez y Alexander Mundaray Rosario.

La jueza Agelán Casasnovas consideró que tras el análisis en base al principio de legalidad, de rango constitucional, y de acuerdo con la investigación previa realizada por la DPCA, los hechos alegados como perseguibles, no encajaban en el tipo penal enunciado en la ley, por lo que procedió a ratificar el archivo. La Procuraduría, con el doctor Francisco Domínguez Brito a la cabeza, había solicitado revocar el archivo del expediente de Bautista.

FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, entró con ímpetu enorme y entre las cosas que propuso fue desmovilizar, revocar ese archivo. Es decir, que para el procurador Domínguez, no había la implicación delicada del escándalo acerca de la información falsa de un jefe de estado extranjero participando en un soborno con un senador. Lejos de ir a la estancia donde se iba a conocer el caso, y de ser solidario con el Ministerio Público, propuso la revocación de todas las investigaciones que hiciera el entonces Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y procurador general adjunto, Hotoniel Bonilla García.

Bonilla investigó el caso de El Plan Renove, cuando fue ayudante fiscal del Distrito Nacional en el período 1996-2000, precisamente cuando Domínguez Brito fue procurador.

LA PROCURADURIA ORINA AGUA BENDITA
Surgió la dificultad de que el entonces Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y procurador general adjunto, Hotoniel Bonilla García, renunció a esas dos funciones en una carta que le remitió al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, a pocas semanas de que el doctor Francisco Domínguez Brito asumiera como procurador general de la República, el 16 de Agosto del 2012.

El DCPA se disolvió, pese a que está formado como organismo y ya la “sagrada” Procuraduría de la República, le dio una nueva fisionomía, dijo Vincho Castillo, añadiendo que como ha dicho en otras ocasiones, el procurador Domínguez Brito “Se orina agua bendita”.

El veterano político y abogado de los tribunales dominicanos, dijo que la jueza Agelán Casasnovas le dio una impresionante lección al magistrado Francisco Domínguez Brito. Que no se le quedó un solo aspecto de las alegaciones de las tres partes; Procuraduría (a la cabeza), la parte querellante y el imputado, citando el doctor Castillo que Domínguez Brito tuvo la participación más impulsiva en este proceso.

En uno de los considerando de la sentencia, la jueza sostiene que resultaba cuestionable e injustificable y carente de base legal, el cambio de postura realizado por el Procurador General de la República, Domínguez Brito, al solicitar la revocación de todas las investigaciones contenidas en dicho dictamen, sin discriminar ni fundamentar este cambio en sus conclusiones.

Que en el caso de la especie, habiendo realizado el director de la DCPA un sin número de investigaciones, no se sustenta atender este pedimento del procurador, sin un soporte que lo justifique. La actitud coherente y no arbitraria de los funcionarios públicos que cumplen el rol constitucional de diseñar y aplicar la política estatal de persecución, es por esto que el Ministerio Publico en virtud de principio de objetividad y ante la obligación de garantizar el derecho de las partes involucradas, se debe fijar postura en base a fundamentos, hecho y derecho, no así en construcciones abstractas sin justificación.

Dijo Vincho: ¡Que reprimenda! le dieron al Ministerio Publico. Se pasaron, porque para pedir que removieran el archivo debieron llevar argumentos. La jueza Agelán detalló las diligencias que hizo el DCPA y volvió a enrostrar que gran parte de denuncia era irreal y fantasiosa. Para el doctor Vincho Castillo, lo que entendió se dijo fue que la denuncia era con fines meramente politiquero.

LA PROCURADURIA DE MEXICO
El abogado Castillo le sugirió al magistrado procurador Dominguez Brito, comprar y ademas leer, el libro, los capos, las narcorutas de México, escrito por Ricardo Ravelo. Sugiriendo que se lea muy en especial, a partir de la página 29. “El Procurador General de la República de México …político y militar Rafael Macedo de la Concha utilizó la Procuraduría como objeto de venganza en contra del jefe de gobierno. Utilizaba recursos de la Institución para acusar personajes que le obstaculizaban en sus aspiraciones políticas. Una descripción terrible del procurador Macedo.

Actualmente se encuentra en polémica gracias a un videoescándalo del empresario argentino Carlos Ahumada, que filmó videos en contra del ex jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró por otro video, que Santiago Creel junto con otros Panistas como Diego Fernández de Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, hicieron un trato de privilegiarlo y protegerlo a cambio de estos videos, solo para sacar de la contienda electoral al candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, López Obrador.

VINCHO SE LO DIJO A DOMINGUEZ
“Se lo dije desde el principio a Domínguez Brito; usted tiene aspiraciones presidenciales, y usted ve en Leonel Fernández un obstáculo, sea ponderado, haga las cosas como Dios manda” dijo Vincho. Prosiguió el monólogo y dijo que le recordó al magistrado, que fue procurador en el 2004, que habían 34 auditorías muy escandalosas. Pero que él, (Domínguez Brito) Fue hasta benigno y complaciente con estos expedientes. Basta recordar la devolución de la mochila con papeles de la construcción de la mansión del entonces presidente Mejía Domínguez.

Recordó Vincho que la jueza Casasnovas desestimó los cargos en su contra por difamación, pero como la segunda de la Suprema Corte de Justicia era la esposa de uno de los querellantes, la jueza dictaminó entonces se le diera compensación económica para alivianar ese dolor, exclamó el doctor Castillo. Lo que se dejó claro que hubo presión vertical para que se tomara esa decisión.

FONPER
El doctor Marino Vinicio Castillo, Director General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y Pedro Matos Vizcaino, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) firmaron un convenio en el que se comprometen a aunar esfuerzos para investigar denuncias de corrupción administrativa.

El doctor Castillo se refirió en este caso, a la querella por un alegado fraude de $10,500 millones de pesos dominicanos, contra el presidente y consultor jurídico del FONPER Fernando Rosa, Luis A. Moquete Pelletier y los pasados y actuales directivos de EGE HAINA: Edgar Pichardo Deboyrie, el argentino americano Rolando González Bunster, quien reside en Greenwich en Connecticut, amigo personal y muer cercano del ex presidente Bill Clinton, Pastor Sanjurjo, y todas las personas que son y fueron miembros del Consejo de Administración de EGE HAINA y de EGE ITABO: Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Manuel Pérez Dubuc, Julián José Nebreda, Kevin Manning, Eduardo Damián Villareal, y todas las personas que son y fueron miembros del Consejo de Administración de EGE ITABO.

FONPER firmó acuerdo con la firma jurídica Edward Veras-Vargas & Co., para contrato de cuota-litis en la cual, recibirían el pago de $500 millones de pesos como pago, cuando ellos recuperen para el Estado los $10,500 millones de pesos del alegado fraude por parte de las dos generadoras.

Expresó que no se debe ver los 500 millones que se ganarían los profesionales del derecho, sino los 10 mil millones de pesos que tendrían que devolverle las empresas generadoras al Estado, en caso de ganar el pleito en la justicia. Y advirtió Vincho, que estará muy de cerca velando por el íntegro desenvolvimiento en las investigaciones, señalando que les resta unos seis años más a esas empresas operando en RD y que desde hace un tiempo amenazan con apagar el país si no le cumplen con el contrato leonino.

El doctor Ángel Delgado Malagón y los licenciados José Luis Taveras y Edward Veras Vargas, abogados que actúan a nombre del “FONPER”, pidieron al DEIG para investigar acciones impropias tanto de los ejecutivos de las generadoras demandadas como de los altos dirigentes del FONPER en torno a la supuesta denuncia en su contra sobre violación a la ley de 340-06 en la contratación de los abogados.

LA SEC Y ERIC HOLDER
El doctor Castillo que todavía no ha presentado su querella ante la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC) de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission), ni ha enviado los expedientes al procurador general de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder. Todavía no, dijo el doctor Castillo.

Añadiendo que ya tiene también localizado una sobrevaluación y robo de $1,600 millones de pesos en la compra de carbón de Colombia, a la mina propiedad de Falcondo, y que AES es socia. Xstrata Nickel, con sede en Toronto, Canadá, es dueña del 85.26% de las acciones de Falconbridge Dominicana (Falcondo).

HAY QUE CUIDAR A DANILO MEDINA
Hay que cuidar al presidente Danilo Medina con celo extremo. Hay que protegerlo, porque está haciendo un gobierno formidable. Y ya andan por ahí tratando de inventar cosas. ¡Cuidado! señor presidente con desistir del FONPER, expresó Vincho. Temiendo que cualquier tipo de concesión podrá ser interpretado de la peor manera por el mismo grupo de facinerosos integrados al PPH.

VINCHO NO VE CON BUENOS OJOS GENTE DEL PPH EN EL GOBIERNO DE MEDINA
Castillo dijo que al ver a Manuel Rocha, presidente de la empresa Barrick Pueblo Viejo, vinculado familiarmente a la República Dominicana, quien parte del lobby formal de Hipólito Mejía, junto al señor Manaat y un señor de apellido González. Que se sorprendió que ahora preside la Barrick Gold.

Vincho Castillo expresó que ese contrato de la Barrick, la República Dominicana tiene todo el derecho de renegociarlo, ya que cuando se hizo, la onza del oro estaba a 700 dólares, y ahora se ha disparado a 1,850 dólares. El mercado ha roto el contrato, espetó el experimentado abogado. ¡Ha terminado por resultar inicuo, lesivo, e injusto y cualquier medida que la RD tome sobre Barrick no tendrá un tinte ideológico.!

Vincho le dijo al doctor Fernández que el ex presidente Balaguer estaba en contra de la extracción de sulfuros, temiendo el desplome de todo el bajo Yuma y el Cibao.

Ese contrato no es permanente, dijo Vincho. Los móviles en los actos jurídicos del derecho privado, la causa impulsiva y determinante se ha evaporado, el comportamiento de esos generadores ha frustrado intereses estratégicos de RD de alcanzar la excelencia en el servicio eléctrico. Eso puede ser más que suficiente para hacer cesar contratos, y con la bendición de organismos internacional. Los contratos les quedan unos seis años más.

A la joven y brillante fiscal que tiene el caso, el doctor Vincho Castillo le pidió no mirar a la Procuraduría, porque Él entiende está muy confundida y extraviada.

Pidiendo remover archivos y talvez de algún modo siendo indiferentes que se produzcan archivos como el de FONPER por razones “especiales.”

¿Qué pensaría el magistrado Domínguez Brito, en torno a cual sería la percepción del público si FONPER se retira como proceso y se desestima, se deja así como está, como una audacia de un grupo de ingenieros, y un ex administrador, el ing. Izquierdo? Cuestionó Vincho. Resaltándole al procurador, que “ese” es un expediente pesado.

El mal humor y el rencor de esos sectores, es porque ese expediente se generó en enero del 2012, y cuando el Ing. izquierdo se lo informó al entonces presidente Leonel Fernández, el mandatario ordenó no desestimarlo, pero darle curso para después de las elecciones, para evitar se ensañaran en pleno proceso electoral y acusaran al Gobierno de acoso político.

“Los grupos de las élites extractivas aristocratizantes no acepta esa decisión que tomó Leonel, porque ellos esperaban se dejara sin efecto”, por eso no le perdonan al Dr. Fernández y es que se están produciendo todos estos acosos en su contra.