Por: Margarita Canahuate.-  Santo Domingo, RD.- Se acerca el día de la “Gran Marcha del Fin de la Impunidad” convocada para el próximo domingo 22 de enero, con la finalidad de que los recursos públicos no sean ya más dilapidados por el engranaje político de estructuras de corrupción que opera en el gobierno que preside el mandatario peledeísta Danilo Medina. 

Varias organizaciones exigen que los recursos públicos sean dirigidos a la inversión social. La indiferencia de las autoridades de actuar ante la más reciente denuncia de la mega corrupción en la que coludieron los directivos de la Constructora Odebrecht de Brasil y funcionarios de los gobiernos peledeístas, colmaron la paciencia de una gran parte de la sociedad con poder de convocatoria.

El Foro Ciudadano, Poder Ciudadano, Somos Pueblo, el Centro Juan XXIII, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Bloque Popular, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Comité Codiano, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Feflas, Los Peregrinos de Moca, Juventud Caribe, FAPROUASD, La Multitud, el Frente Universitario Renovador y Grupo Milenio Verde (MIVER), buscan lograr que la ciudadanía reaccione y se sume a la marcha. 

La convocatoria comenzará a las 10 de la mañana en las inmediaciones  de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero, y su destino final será el Palacio Nacional. 

La continua dejadez del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de actuar ante las múltiples denuncias de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, colmaron una parte de la sociedad dominicana. 

El caso de las constructoras de brasil Odebrecht y Andrade. Sus directivos dieron detalles del esquema de fraude y corrupción que durante los últimos 15 años ha estado operando. Los millonarios en sobornos cobrados desde el 2001 por funcionarios de los gobiernos del ex presidente Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina han sido detallados en las cortes de Brasil y ahora en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A pesar de las informaciones de cómo operaban estas constructoras y los nombres de los funcionarios citados en cortes extranjeras, junto a los montos cobrados, las autoridades dominicanas siguen hasta el momento eludiendo el iniciar sus propias investigaciones y finalmente llevar a juicio a  funcionarios dominicanos en el que se alega engañaron al Estado con el cobro de los citados sobornos.

 El gerente general Marcelo Hofke reveló que entregó en sobornos $92 millones de dólares al  empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en RD, y hasta el momento. A pesar de los detalles comprometedores, autoridades dominicana se mantienen trastrocando estas informaciones en un intento de confundir al público.

La construcción de la cuestionada construcción de planta de carbón, Central Termoeléctrica en Punta Catalina, Baní, provincia Peravia, por alrededor de unos US$1,945 millones, como la también cuestionada “licitación” adjudicada a la multinacional Odebrecht, es una de las quejas de los dominicanos. 

La inseguridad ciudadana, la ola de violencia, robos, atracos, asesinatos, violaciones sexuales, secuestros de niños, la frontera abierta con Haití por donde cruzan ilegalmente armas y todo tipo de contrabando incluyendo humanos, ante la indiferencia del gobierno. 

Los sobornos que supuestamente cobraron funcionarios del Gobierno que presidió Leonel Fernández en la venta de los aviones súper tucanos, también con empresa brasileña.

El Partido de la Liberación ha impuesto el perfecto esquema burocrático corrupto de trapacear el ‘botín público’ entre simpatizantes, militantes, con alianzas electorales y con transfuguistas, y además con parte de la oposición mediante arreglos de alcoba tipo cárteles, conformando finalmente la oligarquía que es hoy el país.  

En los índices de percepción de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, en el 2015 la República Dominicana quedó en la posición 103 de 168 países evaluados y entre los últimos 10 de los 34 países del continente.